Oficialmente el municipio no explicó aún dónde está la camioneta accidentada ni si hubo gastos comprometidos tras el accidente. Tampoco se sabe si Guzmán requirió de la ayuda de otros funcionarios para ocultar el hecho durante más de 40 días.
La celeridad con la que el intendente Carlos Arroyo decidió echar a Miguel Angel Guzmán de la presidencia del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado tras conocerse su intento por ocultar el vuelco que había protagonizado en San Luis con una camioneta oficial en un viaje particular, no estuvo acompañada hasta el momento por una respuesta oficial que esclarezca los múltiples interrogantes que aún persisten en relación a este caso.
Hasta ayer el Ejecutivo no había explicado, por ejemplo, dónde permanece el vehículo ni las razones por las cuales se encuentra en el lugar en el que esté.
Si bien existen trascendidos que avalan la versión de Guzmán, quien dijo que tras quedar destrozado el rodado fue llevado de alguna manera hasta la localidad de San Francisco, Córdoba, ningún funcionario se dispuso a explicar la forma ni los motivos por los que la camioneta siniestrada llegó hasta ese lugar ni con qué propósito.
Esta duda da pie para la formulación de diversas preguntas acerca de quiénes y cómo adoptaron una serie de decisiones a lo largo de 46 días, manteniendo el incidente en la más absoluta de las reservas.
Si bien el hecho ocurrió el 9 de enero, recién cobró estado público este miércoles a partir de un artículo de LA CAPITAL en el que se contó que Guzmán había volcado con una Ford Ranger perteneciente al Emvial en un viaje que realizaba junto a su hija.
El hecho ocurrió cerca de la localidad de Beazley, en San Luis, y mereció la intervención de la policía puntana y cierta cobertura por parte de los medios de prensa de aquella zona.
Según parece, el caso recién fue conocido por el jefe comunal el miércoles al leer el diario LA CAPITAL, lo que lo impulsó a solicitar la renuncia de Guzmán a pesar de la estrecha relación de confianza que los une. Una vez adoptada esa decisión, el encargado de referirse a la novedad fue el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, quien para describir los hechos se remitió a lo publicado por este medio.
Lo sucedido fue tal “como la información lo registra”, señaló.
Vicente se ocupó de adjetivar a la actitud del jefe comunal diciendo que fue un acto de “transparencia” pero más allá de eso no ofreció ninguna precisión oficial sobre lo ocurrido.
Recién ayer el Ejecutivo pareció advertir que el tema amerita aclaraciones y decisiones que hasta ahora brillaron por su ausencia.
En horas de la tarde le Dirección de Prensa de la comuna informó que finalmente se pondrá en marcha una investigación interna para documentar cómo se produjeron los hechos, y eventualmente, promover acciones legales contra Guzmán. Por lo pronto el ex funcionario tendría que asumir las consecuencias de haber utilizado un vehículo del patrimonio público con propósitos personales y de haberle causado serios daños.
Con la investigación interna, el gobierno eludiría el reclamo de la oposición de acudir a la Justicia ante sus sospecha de que para haber mantenido oculto el hecho durante más de un mes, podrían haberse cometido distintas irregularidades por parte de distintos actores, más allá del ex presidente del Emvial.
La falta de explicaciones sobre dónde está el vehículo genera un manto de sospechas sobre cómo podría haber sido desplazado de un lugar a otro y a cargo de quién.
Sumado a esto, si tal como afirmó el ex funcionario la camioneta está siendo reparada en San Francisco -a 575 kilómetros del lugar del vuelco- cabría preguntarse quién estaría realizando esa tarea y dentro de qué formalidades.
Que se sepa, en esa localidad no existiría ningún proveedor de servicios mecánicos inscripto en el municipio al cual se le pueda otorgar una factura sorteando los múltiples pasos administrativos requeridos por la ley.
Probablemente, si Guzmán no hubiese pretendido ocultar el accidente, lo más simple hubiese sido acarrear el vehículo hasta Mar del Plata y solicitar al menos tres presupuestos a proveedores habituales de la comuna -elaborados con información cierta sobre los trabajos a realizar- para seleccionar el más conveniente, cumpliendo así con los procedimientos esperables dentro de la administración pública.
Otro punto que aún no está aclarado se refiere a la versión de que en el Emvial existiría una factura por $72.000 en repuestos a nombre de la firma Igarreta, concesionaria de la marca Ford.
Ayer, en un comunicado de prensa el Ejecutivo hizo saber que la investigación interna que se lleve adelante “permitirá dilucidar la responsabilidad administrativa a través del inicio de los sumarios a los agentes eventualmente implicados”. Esta frase muestra que dentro del gobierno existen varios con plena conciencia de que probablemente el caso no será una simple anécdota para los funcionarios que pudieron haber estado al tanto de la verdad y convalidado decisiones mendaces para ocultarla.